Noticias de Derecho y Seguridad Jurídica

El cantante reclama 50.000 euros, una retractación pública y el pago de las costas por las declaraciones realizadas por la vicepresidenta tras conocerse las acusaciones de dos extrabajadoras. La Sala de lo Civil deberá resolver primero si es competente y, en su caso, ponderar el derecho al honor frente a la libertad de expresión de una autoridad pública sobre un asunto de interés general.

Responsables del Instituto Armado piden que los agentes puedan disparar contra los motores de las embarcaciones utilizadas por el narcotráfico cuando desobedezcan las órdenes de detención. La legislación española no contiene una prohibición expresa, pero limita el empleo de armas de fuego a situaciones de riesgo racionalmente grave. Una autorización estable exigiría modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aprobar un protocolo sometido a los principios de necesidad, proporcionalidad y protección de la vida.

Los escritos presentados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante, y por Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, introducen un cambio sustancial en la investigación sobre las gestiones que precedieron a la concesión de 53 millones de euros de financiación pública a la aerolínea.

Juristas, fiscales, responsables públicos y expertos en regulación digital advierten de que la transformación tecnológica no puede prescindir de los controles de legalidad que garantizan el origen, la autenticidad y la vigencia de la información. El Notariado reivindica su papel como fuente de confianza para la prevención del blanqueo y el despliegue de las carteras digitales de ciudadanos y empresas.

La Sección 23 considera que la causa contiene indicios racionales suficientes para someter a enjuiciamiento la posible utilización de una relación personal para influir en autoridades universitarias y el eventual desvío de recursos públicos hacia fines particulares. El tribunal descarta, en cambio, los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y obliga a rehacer los últimos trámites procesales antes de abrir formalmente el juicio oral.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado investigar las circunstancias en las que una persona denunciada por su esposa por presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica modificó registralmente su sexo. El tribunal considera que existen indicios suficientes para examinar si la rectificación pudo realizarse en fraude de ley con la finalidad de evitar la aplicación de la normativa específica de violencia de género.

La Gran Sala concluye que la normativa europea no se opone a la extinción de la responsabilidad contable por gastos que no afecten al presupuesto comunitario ni a la amnistía de determinados delitos de terrorismo. El Tribunal introduce, sin embargo, un límite procesal: ningún plazo legal puede obligar a resolver un procedimiento o levantar sus medidas cautelares mientras esté pendiente una cuestión prejudicial.

El presidente del tribunal, Juan Pablo González, acusa al Ministerio de Justicia de someter a la Audiencia a un "maltrato institucional" mientras se acumulan cerca de 9.000 recursos sobre violencia contra la mujer y las demoras civiles superan en algunos casos los siete años. CSIF y otras organizaciones judiciales reclaman que las nuevas plazas de jueces vayan acompañadas de funcionarios y medidas inmediatas para reducir el atasco.

El Pleno de la Sala de lo Social declara que el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas no permite adquirir directamente la condición de personal fijo cuando el trabajador no ha superado una oposición, concurso o concurso-oposición basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. La respuesta frente al fraude deberá articularse mediante indemnizaciones y sanciones a la Administración responsable.

La Audiencia Provincial de Badajoz impone a David Sánchez nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa por la transformación de su puesto en 2022. El tribunal considera probado que colaboró conscientemente en una actuación dirigida a adaptar la plaza a sus intereses, pero lo absuelve del tráfico de influencias porque no se ha acreditado quién presionó a los responsables públicos, de qué manera lo hizo ni qué acto concreto de prevalimiento alteró su decisión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo elimina la denegación automática de determinadas autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales, refuerza la protección de los menores y permite que las empresas de trabajo temporal intervengan en la contratación en origen. El fallo mantiene, sin embargo, la incompatibilidad entre una solicitud de asilo pendiente y el acceso al arraigo, así como la exclusión del tiempo pasado como solicitante de protección internacional para calcular el periodo de permanencia exigido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha comprobado que una decena de pasajes atribuidos a sentencias y autos no se correspondían con el contenido real de las resoluciones invocadas. Aunque el fallo no determina que los textos fueran generados por inteligencia artificial, las discordancias presentan el patrón característico de las denominadas “alucinaciones” de los modelos generativos. El Tribunal ha remitido testimonio de la sentencia al Consejo General de la Abogacía Española para que adopte las medidas que correspondan.