Noticias de Derecho y Seguridad Jurídica

El BOE publica la relación definitiva de quienes han superado la oposición libre para obtener el título de notario. De las 140 plazas convocadas se han cubierto 126, después de un proceso selectivo iniciado por 847 aspirantes y desarrollado durante casi once meses.

La plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta ha acordado inhibirse de las diligencias abiertas para examinar la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada los días 30 y 31 de julio. La magistrada María de la Luz Lozano ha ordenado remitir íntegramente las actuaciones a la Audiencia Nacional, dejando testimonio suficiente en el órgano judicial ceutí.

El instructor del Tribunal Supremo considera que la sentencia del TJUE únicamente ha eliminado la posible afectación a los intereses financieros de la Unión como causa de exclusión, pero no invalida su interpretación de que la financiación pública del 1-O produjo un beneficio patrimonial personal. El magistrado deja abierta la revisión de la medida cuando el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo pendientes.

La Junta Electoral Central ha comenzado a ejecutar la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo y ha encargado a la Oficina del Censo Electoral que identifique las altas vinculadas a la denominada «ley de nietos». Los registros consulares deberán certificar qué nacionalizados acreditaron efectivamente el exilio de sus ascendientes. La medida no anula nacionalidades ni paraliza su tramitación, pero condiciona el alta y el derecho de voto en el exterior hasta que se dicte sentencia.

Centenares de ceutíes marcharon el 13 de septiembre hasta la Delegación del Gobierno para pedir protección para las mujeres y las niñas. Denuncian salir con espráis de pimienta y que las niñas no jueguen solas en los parques. El artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015 incluye, entre los fines de la seguridad ciudadana, la pacífica utilización de las vías y los espacios destinados al uso público.

El choque interno del Consejo General del Poder Judicial ha situado en primer plano la permeabilidad del gobierno de los jueces al poder político. La condena firme de un fiscal general del Estado y la posición del Tribunal Constitucional ante ese mismo caso demuestran que el riesgo abandonó el terreno de la hipótesis.

El Tribunal Supremo ha dado a conocer los argumentos con los que justifica la suspensión cautelar de las nuevas altas y de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la denominada «ley de nietos». La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el crecimiento excepcional del censo exterior representa un peligro «fundado, real y serio» para la objetividad y la transparencia de los procesos electorales que puedan celebrarse antes de que recaiga sentencia.

El pasado 8 de septiembre, la magistrada María Tardón, titular de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, dictó un auto —parcialmente secreto— en el que aprecia indicios de una "gestión favorecedora del proceso desde el Reino de Marruecos" en la entrada masiva de personas migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Se trata del primer caso en el que la justicia española pone nombre penal a algo que, hasta ahora, solo se discutía en clave diplomática: la instrumentalización de flujos migratorios como forma de presión entre Estados.

El turno de oficio de Ceuta ha pasado de tres letrados a dieciocho desde finales de julio (el 600 %), mientras que los asuntos penales de la ciudad crecen un 75 % en ese mismo periodo. Aquí, las claves de la desproporción entre ambas cifras.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo permitirá que continúe la tramitación de los expedientes, pero paralizará las nuevas inscripciones en el censo exterior y los efectos electorales de las ya practicadas hasta que dicte sentencia. La medida no revoca las nacionalidades concedidas y excluye a quienes acrediten ante el Registro Consular que descienden de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado en firme la querella del abogado Jacobo Teijelo contra los periodistas que publicaron las grabaciones del caso Leire Díez. A partir de la noticia, analizamos cuáles son las consecuencias jurídicas de grabar una conversación, dependiendo de quién grabe, para qué y qué haga después con el archivo.

El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana un real decreto que ampliará la información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores sobre el salario, la jornada y las decisiones automatizadas que afecten a sus condiciones laborales. La norma completará la incorporación al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2019/1152 y sustituirá la regulación vigente desde 1998 sobre la información que las empresas deben proporcionar a sus trabajadores.