Noticias de Derecho y Seguridad Jurídica

La Comisión Europea considera que el sistema español de comunicación de datos de huéspedes y usuarios de vehículos de alquiler puede vulnerar la normativa comunitaria de protección de datos en el ámbito policial. El procedimiento cuestiona una norma aprobada en 2021, activada plenamente en diciembre de 2024 tras varias moratorias y contestada desde el primer momento por hoteleros, agencias de viajes y plataformas turísticas.

La Comisión Europea ha incluido a España entre los Estados miembros que deben reforzar la sostenibilidad de sus cuentas públicas dentro del Paquete de Primavera del Semestre Europeo. El Ejecutivo comunitario recomienda limitar el uso de tipos reducidos de IVA y otras ventajas fiscales, ampliar la oferta de vivienda asequible y corregir el desequilibrio del gasto social, especialmente por el elevado peso de las pensiones frente a políticas dirigidas a jóvenes, infancia, vivienda, educación y empleo.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de una jueza sancionada por retrasos en su juzgado y ha concluido que castigar disciplinariamente una conducta vinculada a una enfermedad mental conocida por el Consejo General del Poder Judicial equivale a penalizar su discapacidad. La sentencia refuerza los límites constitucionales del poder disciplinario cuando la Administración conoce que el incumplimiento profesional puede estar relacionado con una patología psíquica y no adopta medidas de valoración, adaptación o ajuste razonable.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado parcialmente el recurso presentado contra una factura del Registro de la Propiedad número 3 de Badajoz y ha declarado que no existe respaldo legal para cobrar 12,03 euros por una nota simple con información continuada. La sentencia fija en 3,01 euros la cuantía procedente, al entender que este instrumento no puede equipararse a una certificación con información continuada ni puede ser objeto de un arancel creado por analogía o por decisión del Colegio de Registradores.

Existe una forma de abuso económico particularmente eficaz porque casi nunca genera protesta social: el cobro indebido de pequeñas cantidades. No produce grandes titulares, no arruina de forma inmediata al ciudadano y, sobre todo, rara vez se recurre. El coste temporal, económico y emocional de reclamar suele ser superior al importe discutido. Precisamente por ello, esos pequeños excesos se convierten en extraordinariamente rentables cuando afectan masivamente a miles de personas.

Los datos del Consejo General del Notariado dibujan un mercado residencial menos expansivo que el reflejado esta semana por el INE. Frente al aumento del 9% en las hipotecas sobre vivienda inscritas en los registros de la propiedad, la estadística notarial apunta a que los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda solo crecieron un 0,3% en marzo y que las compraventas descendieron un 4,7%. El Notariado mide operaciones formalizadas ante notario en el momento de la compraventa y la financiación, mientras que el INE trabaja con hipotecas inscritas posteriormente en los registros, un indicador sujeto a desfases temporales que puede amplificar o retrasar la percepción real del mercado.

La diligencia practicada por la UCO en Ferraz no se articuló como un registro, sino como un requerimiento judicial de documentación dentro de una causa declarada secreta por el juez Santiago Pedraz. El foco procesal está ahora en determinar si los indicios apuntan solo a actuaciones individuales de los investigados o si los documentos reclamados permiten acreditar pagos, facturación irregular o un eventual beneficio organizativo que pudiera abrir el debate sobre la responsabilidad penal del partido como persona jurídica.

El mercado hipotecario español cerró marzo con 46.661 hipotecas constituidas sobre viviendas, un 9% más que en el mismo mes de 2025, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. El importe medio del préstamo alcanzó los 174.132 euros, un 10,1% más, mientras el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en el 2,84%. La mejora de las condiciones financieras reactiva la compraventa financiada, pero también refuerza las tensiones jurídicas y patrimoniales de un mercado marcado por el encarecimiento de la vivienda, la escasez de oferta y la creciente importancia del asesoramiento previo en la contratación hipotecaria.

La integridad de un sistema financiero no se mide por la cantidad de datos que acumula, sino por la calidad y veracidad de estos. En la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la diferencia entre una información "verificada" y una "declarada" es la diferencia entre la justicia y la impunidad. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP), bajo una pátina de modernización registral, propone desmantelar uno de los pilares de la seguridad jurídica preventiva en España para sustituirlo por un modelo de fe ciega en la autodeclaración del administrado.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en los nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal permite que criterios de afinidad prevalezcan sobre los principios de mérito y capacidad. La iniciativa se dirige contra las sentencias del Constitucional que avalaron el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, después de que el Tribunal Supremo lo hubiera anulado por falta de motivación suficiente.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha presentado un escrito ante el Colegio de Registradores de España y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para que se reintegren a los propietarios las cantidades abonadas por la expedición del número de registro único de arrendamientos. La reclamación llega después de que el Tribunal Supremo haya anulado parcialmente el Real Decreto 1312/2024 al considerar que el Estado carecía de competencia para imponer ese procedimiento registral, aunque mantiene la Ventanilla Única Digital y las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas.

El Ejecutivo tiene en la fase final de tramitación interna el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, la norma que debe adaptar en España el Reglamento europeo de IA, fijar el mapa de autoridades supervisoras y activar un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial de las empresas infractoras. El texto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 11 de marzo de 2025, ha recibido ya informes relevantes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, y el Gobierno aseguró el 5 de mayo de 2026 que la ley está “muy avanzada” y que “pronto verá la luz” de nuevo en el Consejo de Ministros.